Un juez penal de garantías decretó la prisión preventiva contra el expresidente de Paraguay, Santiago Peña, luego de que el Ministerio Público lo imputara formalmente por los delitos de lesión de confianza (en calidad de instigador) y administración en provecho propio (en calidad de autor). La medida fue dictada tras la resolución del Congreso de la Nación que aprobó de manera unánime su destitución del cargo tras el colapso financiero de Ueno Bank.
El magistrado Humberto Otazu ordenó que el exmandatario cumpla la medida cautelar de privación de libertad en las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial de la ciudad de Asunción.
Imputación penal y acusación del Ministerio Público
La imputación impulsada por los agentes fiscales del Ministerio Público señala que Santiago Peña habría intervenido de manera directa en la colocación, renovación y permanencia de fondos estatales y previsionales dentro de la entidad bancaria Ueno Bank:
- Presupuesto involucrado: La Fiscalía detalló que durante su administración se colocaron depósitos de instituciones públicas e inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS) por un monto aproximado de 355 millones de dólares en la entidad financiera.
- Vínculos empresariales: El acta de imputación alude a la condición de Peña como exaccionista del grupo Ueno Holding S.A.E.C.A. (perteneciente al Grupo Vázquez), participación de la cual se desvinculó comercialmente en 2025.
- Expectativa de pena: Representantes del Ministerio Público señalaron que, según el marco penal previsto para los delitos tipificados en el escrito de acusación, la expectativa máxima de sanción para el exjefe del Ejecutivo podría alcanzar hasta los 15 años de prisión.
Junto al expresidente fue procesado el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, a quien se imputó por presunta lesión de confianza, falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito, solicitando de igual manera la aplicación de medidas cautelares.
Procedimiento judicial y traslado
La detención inicial del exmandatario se ejecutó en su residencia particular del barrio Mburucuyá, en Asunción. Ante la concentración de manifestantes en las inmediaciones del inmueble, los equipos de seguridad y agentes de la Policía Nacional coordinaron su traslado durante la madrugada al predio militar asignado para su reclusión provisional.
Durante la audiencia de imposición de medidas ante el Juzgado Penal de Garantías, Santiago Peña se abstuvo de prestar declaración indagatoria formal ante el equipo de fiscales asignado a la causa. La investigación penal abarca asimismo medidas cautelares de inhibición general de vender y gravar bienes, así como el embargo preventivo sobre cuentas y activos patrimoniales vinculados al expresidente.
