El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo en medio del colapso del principal banco digital del país, Ueno Bank, y la presión inminente de un juicio político impulsado en el Congreso. La crisis bancaria congeló los depósitos de aproximadamente tres millones de clientes y desató jornadas de protestas ciudadanas en las calles de Asunción.
A pesar del anuncio de dimisión efectuado por el mandatario mediante un mensaje oficial, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político, dejando la tramitación del expediente y la eventual destitución en manos del Senado.
Origen del colapso financiero y afectación de depósitos
La crisis financiera estalló tras la intervención y posterior resolución de disolución de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), al registrar un nivel de solvencia inferior al 50% del mínimo legal requerido por las normativas bancarias.
Factores clave de la liquidez y operatividad de la entidad:
- Fondo de clientes: La entidad crediticia contaba con cerca de 3 millones de usuarios en un país de aproximadamente 6,5 millones de habitantes.
- Fondos públicos involucrados: El banco administraba alrededor de 850 millones de dólares en recursos del Estado, incluyendo depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS) y fondos de pensiones y salud.
- Repercusiones en el sistema: El cierre provocó intermitencias en el sistema de pagos electrónico nacional y en otras entidades bancarias ante la migración masiva y retiro de fondos por parte de ahorristas.
Causales del juicio político y señalamientos de conflicto de interés
Los bloques parlamentarios de la oposición, junto con sectores del propio partido oficialista que le retiraron el respaldo a Peña, estructuraron el libelo acusatorio basándose en presuntas irregularidades regulatorias y éticas:
- Participación accionaria: Se reprochó a Peña haber mantenido acciones en Ueno Holding hasta 2025, la matriz del banco, mientras se desempeñaba como jefe del Ejecutivo.
- Nombramientos institucionales: La acusación incluyó el nombramiento de Carlos Carvallo —expresidente de Financiera Ueno— al frente del Banco Central del Paraguay, hecho calificado por los legisladores como un conflicto de intereses incompatible con la tutela del interés público.
- Concentración de recursos previsionales: Se imputó al Ejecutivo haber promovido el traspaso de capitales del seguro social hacia la entidad bancaria sobrepasando los límites de concentración fijados por la ley.
De forma paralela, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra el mandatario y ex directivos de la entidad financiera, ordenando la detención de ocho ejecutivos del grupo bancario.
Escenario constitucional e itinerario legislativo
El anuncio de renuncia de Peña no suspendió de forma automática las actuaciones de la Cámara Alta. La sesión bicameral convocada para tratar la dimisión quedó inicialmente sin cuórum tras el retiro de legisladores, lo que mantuvo el proceso de juicio político en curso.
El marco constitucional establece que de consumarse la destitución o ratificarse la aceptación formal de la renuncia, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la titularidad del Poder Ejecutivo para completar el periodo presidencial restante hasta 2028.
